Golpe de Honduras.

El golpe de Estado en Honduras 

Implicancias en la Democracia Latinoamericana.

M. del Rosario Zabala Gallardo 

Honduras es un país centroamericano fronterizo con Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su población, más del 40% rural, es algo inferior a los 8 millones de habitantes. Es una de las tres sociedades más pobres de América Latina y el Caribe, siendo el ingreso per cápita de 2.793 dólares, con propiedad e ingreso muy mal distribuidos. Recientemente, en los años 2005-06, Honduras consiguió ser admitido en la iniciativa destinada a los países pobres muy endeudados (FMI/Banco Mundial) y cumplió con los requisitos para acceder a los beneficios de la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Carga de la Deuda, lo cual implica quedar sujeto a las políticas económicas de las instituciones internacionales que la administran. (Gallardo, 2009)

De esta manera, Honduras se consagra como un Estado propio de la región que en la arena internacional ha estado condenada a un destino común subalterno (más sufrido que elegido): América Latina, como la categoría geopolítica que logra unir al grupo de países americanos que tienen menos poder internacional por sus condiciones económicas o su historia de dependencia. (Rouquié, 1989)

Por otra parte, en la arena doméstica todos los países latinoamericanos denotan una inmensa brecha entre un pequeño grupo privilegiado y una mayoría que vive en condiciones económicas muy difíciles. En la mayor parte de este siglo, Honduras ha acentuado las diferencias de ingreso entre el campo y la ciudad y entre los grupos más opulentos y los más pobres (el 20% más enriquecido de la población capta 33 veces más que el 20% más empobrecido). El poder social en Honduras encuentra su eje interno en unas trece familias opulentas en relación con las cuales se desenvuelven, con diferentes matices, las instituciones del Estado, los ‘poderes’ judicial y legislativo, los principales medios masivos, la jerarquía clerical y en la actualidad, nuevamente, las Fuerzas Armadas. (Duval, 2009)

Honduras es, entonces, un actor digno de su complejo vecindario latinoamericano. Habiéndose constituido como una de las democracias implantadas por Estados Unidos en América Central en la década de los ochenta, en su esfuerzo por aislar y debilitar los impactos de la revolución popular sandinista en Nicaragua y el progreso de la lucha revolucionaria armada en El Salvador, se establece como un régimen señorial, oligárquico y cristiano que instituido como Estado de derecho realiza periódicamente, desde inicios de la década de los ochenta, elecciones (legislativas en 1980, presidenciales en 1981) que se valoran, y su población saluda, como “democráticas”.

Fue en este contexto que el pasado día 28 de junio del 2009, de madrugada, las Fuerzas Armadas hondureñas ocupaban la residencia del presidente electo Manuel Zelaya que, luego de su detención, fue expulsado manu militari en un avión de la Fuerza Aérea a Costa Rica.

Con ello se repetía un hecho que parecía ya desterrado del hemisferio americano: los golpes de Estado perpetrados por los militares. Cierto es que esta vez los militares no dieron el golpe para instalarse directamente en el poder. Se trata más bien de lo que Alfred Stepan ha denominado “momentos brumarianos” en recuerdo del tipo de relación de instrumentalización entre la burguesía francesa y las Fuerzas Armadas descrito por Karl Marx en su “El dieciocho de Brumario y Luis Bonaparte”. (Colección Insumisos Latinoamericanos, 2010)

En relación a este punto, si algo parecen compartir los Estados latinoamericanos es el optimismo respecto a las diversas soluciones que siempre en el marco de estándares democráticos supieron prevalecer en las agudas crisis sociopolíticas que han enfrentado diferentes países de la región (Argentina (2001), Brasil (1992), Ecuador (1997), Guatemala (1997), Paraguay (1994-1995), Perú (1992, 2000) y Venezuela (1992, 2002)). Tres factores podrían explicar esta situación en la región. Primero, la existencia de una comunidad de países democráticos en el hemisferio que han presionado, incluso a través de una serie de de acuerdos y compromisos internacionales, por el mantenimiento de los sistemas democráticos. Segundo, la crisis de legitimidad de las propias Fuerzas Armadas en varios de los países. Tercero, la ausencia de grandes disputas ideológicas entre las elites dirigentes, lo que desincentiva la instrumentalización de las Fuerzas Armadas para fines particulares. (Rojas Aravena, 2004)

En aquella ocasión, el Presidente de la Asamblea General de la ONU, Miguel D’Escoto, afirmó contundente: ‘’Ninguna otra alternativa será aceptable para la comunidad internacional’’. ¿Alternativa a qué? Pues nada más y nada menos que al orden democrático que los estados latinoamericanos defienden y consagran como estandarte en el marco de diversas sesiones multilaterales. (OEA, 2009;Lemoine, 2009)

De manera específica, la crisis política asociada al ya mencionado golpe de Estado, logró poner en evidencia profundas grietas en el sistema político del país que las compañías mineras y otras multinacionales supieron denominar con sarcasmo ‘’ la república bananera’’.

A los fines de este análisis debemos tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, en el marco del orden capitalista mundial, Honduras es uno más de los países latinoamericanos que se integran al mismo de manera subordinada, siendo uno de sus ejes característicos la inversión extranjera y el flujo económico internacional. La economía hondureña muy abierta centrada en la exportación de productos agrícolas y manufacturas, hace al país extraordinariamente vulnerable no solo a una crisis recesiva global sino a presiones económicas motivadas por razones políticas, como la suspensión de giros que resolvió realizar el Banco Mundial debido al golpe militar y empresarial. Como vemos, Honduras es extremadamente sensible a su entorno internacional y carece de la capacidad para crear escenarios alternativos si éste se torna abiertamente hostil. Por otro lado, resulta pertinente mencionar que en los años 80 del siglo pasado se cultivó la ilusión de convertirse en un Estado Libre Asociado de Estados Unidos, tal como Puerto Rico. Como la ocurrencia no prosperó, los partidos Nacional y Liberal terminaron por adoptar el modelo neoliberal que inevitablemente concentró aun más la riqueza y aumentó el empobrecimiento de los sectores vulnerables al mismo tiempo que enflaquecía a sectores medios. (Gallardo, 2009)

Fue este mismo esquema ‘tecnócrata’ el cual abolió, hacia la mitad de la década de los noventa, el servicio militar obligatorio y buscó reestructurar las Fuerzas Armadas para que dejaran de ser un sector relativamente autónomo de clase y se refuncionalizasen como el “brazo armado” del poder oligárquico. Por supuesto, esto no las hace más profesionales, sino que les quita capacidad para disputar los buenos negocios o apoderarse de ellos.

Las reformas en la institucionalidad militar culminaron en 1998 con una cláusula constitucional que hace que el Presidente hondureño sea el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esto significa que los militares que en aquel 28 de junio asaltaron y capturaron al Presidente en ejercicio, para luego expulsarlo de Honduras, “no podían hacerlo” (en términos normativos) porque éste era, en términos de mando vertical, su máximo jefe. Sólo podrían haber actuado así si el Presidente Zelaya se los hubiese ordenado. O si deseaban romper la institucionalidad. Situación que, en efecto, consumaron.

Lo curioso resulta ser que las organizaciones de ciudadanos y trabajadores que se han destacado en la resistencia inicial interna al gobierno empresarial/militar encabezado por Roberto Micheletti. (grupos sindicalistas (Bloque Popular), activistas de Derechos Humanos, periodistas, taxistas, escritores y artistas, maestros y profesores, y el Frente Nacional de Resistencia Popular y Vía Campesina Honduras) lo hacen no por ser “gente del presidente Zelaya o partidarios liberales”, sino porque ven en su presidencia un factor que les permitiría derrotar el modelo neoliberal. Señalan que Zelaya ha detenido el proceso de privatización de activo público hondureño y, lo que es más importante, se ha pronunciado a favor de un régimen democrático que apodere la participación ciudadana y social de la población en las determinaciones políticas. El último punto contiene potencialmente una profunda transformación de la institucionalidad oligárquica del país. (Agencia Latinoamericana de Información, 2009)

Más allá de las particularidades presentes en el caso hondureño, no cabe duda que un correcto análisis de la situación requiere un examen en términos de gobernabilidad democrática, no sólo comprendida a la luz de los procesos electorales, sino como articulación de intereses, debiendo centrarse el análisis, más que en cuestiones de eficiencia institucional del Estado, en la relación que existe entre la satisfacción de necesidades de la población, la construcción de ciudadanos como sujetos de Derecho y la relación de estos con el sistema político.

Ahora, cabe preguntarnos si dado ‘’juego de ajedrez político’’ representa una excepción en el contexto estatal latinoamericano o si, en términos generales, son las vulnerabilidades de la gobernabilidad democrática las que se imponen como contracara de la cada vez mayor significación de la democracia latinoamericana desde el punto de vista de los factores internacionales y locales que buscan reforzarla. (Almendares, 2009)

He aquí el meollo de la cuestión.. El gran “defecto” de Zelaya para los diversos grupos tradicionales (nacionales, liberales, jerarquías clericales, magistrados,aparatos armados, medios masivos y, probablemente, la embajada de Estados Unidos en Honduras, que, en este caso, no necesariamente representa a la administración Obama) es asumir que el necesario proceso de “modernización” del país debe incluir la participación social y ciudadana de la mayoría de su población. (Almendares, 2009)

Visto de esta manera, no se trata por tanto de la opción “bolivariana” o “chavista” de Zelaya, o de la amistad y admiración que manifiesta hacia el proceso cubano por su carácter nacional/inclusivo. El punto de la “cuarta urna”, en la que la ciudadanía podría pronunciarse sobre la necesidad de convocar a una eventual nueva Constitución es, así entendido, un detalle dentro de un proceso más amplio de ‘’consolidación democrática’’. Sin embargo, los posicionamientos respecto de este punto, entendido como un desafío al sistema de dominación oligárquico, condujeron al enfrentamiento sociopolítico que culminó con un golpe de Estado.

Como vemos, el problema radica en que su propuesta desafía el eje local del statu quo hondureño: la dominación oligárquica, por definición excluyente, aderezada en este último período con prácticas neoliberales en las que ‘el’ mercado determina ‘ganadores’ y ‘perdedores’. Una enmarañada red de relaciones cercanas y cuestionables entre políticos, cúpulas religiosas, militares y empresarios, un sinnúmero de debilidades institucionales y una red de intereses personales disfrazados de intereses nacionales, hacen que la existencia social y política del Estado hondureño, nada tenga que ver con igualdad ante la ley (Estado de derecho),igualdad de participación e igualdad de riqueza que, como tendencias, podrían considerarse básicas para un régimen de gobierno o sociedad democráticos. Zelaya parece estimar que bajo este modelo Honduras no llegará nunca a ser competitivo. Esto abre, sin duda,un complejo y crispado frente (de intereses y personalidades) al interior de la oligarquía. (Gallardo, 2009)

Más allá de todo esto, el inconveniente fundamental que enfrenta el presidente Zelaya es no haber realizado los esfuerzos sociopolíticos que le permitirían avanzar en su idea modernizadora. Por eso los trabajadores organizados, probablemente una minoría, lo defienden, pero no le tienen especial confianza ni estima. Algo parecido ocurre con otros sectores populares que “huelen” que una dictadura empresarial-militar encabezada por Micheletti u otro, y el pseudo régimen ‘democrático’ que le sucedería, es mucho peor para sus intereses que el gobierno ‘democrático’ de Zelaya. Un sector de la población hondureña está asimismo contra los golpistas porque defiende ‘la’ democracia. Pero si, mágicamente, los golpistas mejoraran las condiciones de existencia, esta ciudadanía respaldaría con entusiasmo su mandato. (Agencia Latinoamericana de Información, 2009)

Con esto queremos decir que más que demandas que se articulan y se corresponden inexorablemente a un lado u otro de la crisis, son demandas por un sistema político que pueda revertir la vulnerabilidad del sistema democrático y con esto problemas como la crisis de legitimidad democrática, la debilidad de las instituciones para garantizar los derechos de los ciudadanos y los problemas socio-económicos, caracterizados por el aumento de las desigualdades y de la pobreza, que han llevado a que determinados sectores de la población piensen incluso en sistemas políticos de carácter no democrático.

En lo que respecta a Honduras, la tibia y ambigua relación existente entre sectores sociales populares, el presidente Zelaya y las instituciones democráticas puede tener alcances negativos para la resolución de la actual pugna. Por supuesto, los golpistas carecen de todo interés para realizar las acciones que podrían al menos paliar, si no mejorar, las actuales condiciones de existencia de los hondureños, lo que significa que las ‘’demandas de democracia’’ no constituyen el núcleo de los desafíos planteados por la crisis de junio-julio del 2009, desafíos potenciados por el golpe de Estado contra su presidente Manuel Zelaya. No lo es centralmente porque en Honduras nunca han existido las condiciones sociales ni políticas que posibilitan un progreso en términos de institucionalidad democrática. (Gallardo, 2009)

El problema de fondo aquí es el estancamiento de los procesos de transición democrática en muchos países de América Latina y en la mayoría de los de Centroamérica. Es un tema suficientemente analizado por los politólogos que para estas situaciones han acuñado nombres como el de “democracia delegativa” o “semidemocracias’’. Un somero examen de las actitudes de los actores políticos, de las instituciones y hasta de los textos legales del caso hondureño muestra cuán difícil sería encontrar el apoyo necesario para la resolución de la crisis que contribuya también al avance de la democracia en Honduras. (Serna, 2009)

En los últimos treinta años América Latina ha experimentado la transición y la consolidación democrática.Más específicamente, de 2005 a 2007 en muchos países de América Latina se celebraron elecciones democráticas, que contribuyeron en gran medida al mayor avance económico de las últimas décadas en la región. Los resultados de la publicación anual de 2009 de Freedom House enseñan que 25 de las 35 naciones están clasificadas como libres, nueve son "parcialmente libres" y sólo Cuba está clasificada como "no libre" (Freedom House, 2009), entendiendo la clasificación de "libre" como aquella que refiere a un régimen electoral de tipo democrático donde el derecho al voto es universal, el acceso a las principales posiciones del gobierno se logra mediante elecciones, que son a la vez competitivas e institucionalizadas, y existen durante y entre esas elecciones diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y de disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por un agente privado (O'Donnell, 2008).

Sin embargo, tal como hemos podido señalar, estos elementos no son suficientes para garantizar la solidez de los regímenes democráticos, si llevamos a cabo un análisis de los mismos en términos de gobernabilidad democrática. Las opciones de gobernabilidad democrática dependen de una ecuación que considere el desarrollo político-institucional, el desarrollo económico y social y la integración de la población. (Rojas Aravena, 2004; Uthoff 2009)

Dadas estas observaciones, es posible afirmar que en América Latina existe un contexto de incertidumbre donde la democracia presenta elementos de debilidad relacionados con la incapacidad del Estado de extender los derechos humanos fundamentales a toda la población, requisito fundamental para convertir a los habitantes de un Estado en ciudadanos a todo efecto y para garantizar la cohesión social, la participación, el sentido de pertenencia de la población hacia el Estado y el apoyo estable de la población a la democracia como elemento legitimador. Son sobre todo las debilidades sociales las que ponen en serio peligro los avances democráticos de la región, y, en particular, la desigualdad es el factor que está en el origen de las deficiencias de los estados latinoamericanos, incidiendo en los altos niveles de pobreza y conflictividad social, minando la seguridad pública y debilitando la calidad institucional. (PNUD, 2010; Latinobarómetro, 2008)

En conclusión, si se desea una solución no cosmética hay que enfrentarse a la situación institucional que ha hecho posible esta violación de las reglas democráticas. Y una poderosa razón para ello es que la debilidad democrática hondureña no es mayor que la de varios países de su entorno. Esto significa que a pesar de ser un país pequeño e incluso irrelevante para la comunidad internacional, en Honduras se juega no sólo el futuro político de sus siete millones y medio de habitantes, sino el de la democracia latinoamericana en tanto los acontecimientos desatados a partir del golpe de Estado son emblemáticos del riesgo de un retroceso autoritario y de cómo éste puede materializarse de manera repentina ante los intentos de modernización democrática que se pretenden llevar a cabo en el marco de los Estados latinoamericanos.

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